La mañana del lunes 6 de octubre, después de cerca de 16 meses de estar enterrados como NN en los cementerios de Chinú (Córdoba) y Sincé (Sucre) fueron sepultados dignamente en su natal Toluviejo los restos de 8 de los 11 jóvenes que desde julio de 2007 desaparecieron de este municipio.
Pese al inclemente sol, este municipio, en el que la gran mayoría de sus habitantes se dedica a picar la piedra caliza para poder subsistir, se veía gris, pues eran protagonistas, por primera vez en la historia de su creación, de un sepelio colectivo en el que nadie pudo ocultar sus lágrimas.
Al funeral, que recorrió las principales calles del municipio, especialmente las del barrio El Carmen, donde residían 6 de los 11 jóvenes desaparecidos, asistieron además de los comandantes de la Primera Brigada de Infantería de Marina, Policía Nacional, Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, Alcalde Municipal y Gobernador de Sucre, la directora de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Sandra Yaneth Castro Ospina , a quien los familiares de las víctimas le pidieron celeridad en las investigaciones que adelantan por este hecho en aras de que los responsables sean castigados severamente.
También solicitaron que el proceso que es llevado por la Fiscalía 13 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín sea trasladado a Bogotá.
La funcionaria por su parte fue enfática al afirmar que el proceso jurídico avanza por buen camino hasta el punto que en estos momentos hay dos personas privadas de la libertad que están sindicadas de ser los reclutadores.
Reconoció que los contactó para trabajar en una finca
Uno de ellos es Róbinson Eustaquio Barboza Almanza, quien fue capturado por personal de la Policía Judicial (Sijín) de Sucre en septiembre de 2007 en su natal Toluviejo. Actualmente está recluido en la cárcel de Itaguï y a través de su abogado, Humberto Avendaño, se conoció que se acogerá a sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir y no por desaparición forzada y mucho menos por homicidio, pues según el defensor, Barboza Almanza “también fue asaltado en su buena fe, toda vez que a él unos señores de un grupo armado al margen de la ley lo buscaron para que contactara a un grupo de muchachos para trabajar en una finca. Eso lo hizo públicamente y sin amenazas”, dijo el abogado.
A la finca en la que los jóvenes cuidarían de unas reses les iban a pagar mensualmente la suma de 750 mil pesos.
La funcionaria de la Fiscalía manifestó además que están a la espera de que se levante el paro judicial para iniciar la audiencia preparatoria contra Barboza Almanza.
¿Ejecuciones extrajudiciales?
Los familiares de los jóvenes fallecidos al igual que los habitantes de Toluviejo, quienes aún no salen del asombro y la mañana del lunes no pudieron ocultar su tristeza pero tampoco la ira que les produce esta situación, exteriorizaron una vez más que este episodio bien podría ser un caso más de ejecuciones extrajudiciales, de esas de las que se ha hablado en las últimas semanas en el país, especialmente por la desaparición y posterior muerte de 11 jóvenes en Soacha.
Sobre estas graves acusaciones que apuntan a delitos de lesa humanidad, la funcionaria de la Fiscalía General de la Nación dijo que la captura de los dos reclutadores podrá, en su momento, revelar si hubo o no responsabilidad de algunos miembros de la Fuerza Pública.
Por su parte el comandante de la Brigada 11 del Ejército, coronel Jorge Salgado Restrepo, dijo que desde que se produjeron los hechos se adelanta una investigación interna, la cual se realiza siempre que se presentan bajas, es decir, siempre que mueren personas en medio del fuego cruzado.
El oficial fue enfático al indicar que confía en la rectitud de sus hombres, que su política es actuar con transparencia de acuerdo con la Ley y los Derechos Humanos, pero a su vez es respetuoso de las decisiones y las investigaciones.
Es de anotar que en marzo pasado Reporteros de Colombia a través de Semana.com dio a conocer el drama que padecen estas familias de Toluviejo, las cuales han contado con el acompañamiento de organismos internacionales como la ONU y OEA.
Javier Hernández, representante (e) de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la entidad que él representa ve este caso como un patrón preocupante, toda vez que la desaparición y posterior muerte de los 11 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, demuestran que se ha replicado en otros lugares del país.
Confía en que las investigaciones arrojen resultados que permitan cortar de raíz los eslabones de esta cadena.
Las víctimas
Carlos Alberto Baleta Jiménez, Luis Pérez Mercado, Frank Arley Padilla Bandera, Jhon Jairo Colón Ayala, Déiner de Hoyos Rodríguez, Julio Julio Oliveros, Juan Carlos Patrón Viloria, Miguel Jiménez Chamorro, Cristian Vergara Ozuna y Luis Mejía Vides.

Ya sobre este hecho, el periodista de la Red de Reporteros de Colombia había escrito una crónica que fue publicada en la Revista Semana en su edición del 17 de Junio de 2008.(ver crónica)